La Defensoría del Pueblo presentó un Informe Especial tras una inspección nacional realizada el 17 de septiembre de 2025 en hospitales del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS). El documento expone fallas estructurales y operativas que ponen en riesgo el derecho a la salud de miles de panameños. Se detectaron problemas que van desde falta de limpieza y medicamentos hasta la escasez de especialistas médicos.
Durante el recorrido hospitales de Panamá, Chiriquí, Coclé, Darién, Herrera, Veraguas y Bocas del Toro, se constató que muchos servicios de apoyo —como lavandería, manejo de residuos y limpieza— no cumplen con estándares básicos de bioseguridad. En hospitales como Nicolás A. Solano y el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, se observaron equipos obsoletos, productos químicos sin rotular y una preocupante falta de personal operativo. Esto representa un riesgo inminente para pacientes y trabajadores.
El informe también revela una grave escasez de medicamentos e insumos médicos. En algunos hospitales, apenas se abastece el 25% de lo necesario. Muchos pacientes deben comprar sus tratamientos en farmacias privadas, lo que profundiza las desigualdades y limita el acceso a la atención, especialmente entre personas en situación de pobreza.
Uno de los hallazgos más críticos es la falta de especialistas en áreas vitales como neonatología, anestesiología y psiquiatría. En varias provincias, hay hospitales con solo un médico especialidad y turnos nocturnos sin cobertura. Esta situación provoca retrasos quirúrgicos, diagnósticos tardíos e incluso pérdidas de vidas falta de atención oportuna.
El déficit de personal de enfermería y técnicos agrava el panorama. En muchos hospitales, las enfermeras trabajan dobles turnos de más de 24 horas, aumentando el riesgo de errores y comprometiendo la seguridad de los pacientes. A esto se suma la saturación de salas de urgencias y la falta de equipos en buen estado, lo que genera condiciones indignas para quienes esperan atención.
En el área de hemodiálisis, la Defensoría identificó desigualdades marcadas. Algunos hospitales cuentan con infraestructura moderna y suficientes máquinas, mientras que otros operan con instalaciones limitadas y poco personal. Pacientes entrevistados denunciaron traslados largos, alimentación inadecuada y fallas en el suministro de insumos, situaciones que vulneran directamente su derecho a la salud y a un trato digno.
La Defensoría concluye que estas deficiencias reflejan una brecha profunda entre la planificación y la realidad. Las condiciones actuales generan riesgos sanitarios, administrativos y financieros que afectan tanto a pacientes como a personal médico.
Ante este panorama, la institución exigió medidas urgentes:
Auditorías conjuntas,
Abastecimiento de medicamentos,
Refuerzo de personal,
Reparación de equipos hospitalarios,
Y un modelo uniforme de atención que garantice transparencia y supervisión.
“El derecho a la salud no puede seguir condicionado fallas administrativas ni desigualdades territoriales”, advirtió la Defensoría del Pueblo.
