Defensoría del Pueblo en sintonía con los derechos humanos universales
Con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta y acercarla más a la ciudadanía, este viernes 19 de diciembre se publica la Ley 504 en la Gaceta Oficial No. 30428, mediante la cual se moderniza la Defensoría del Pueblo.
La nueva ley alinea a la institución con los estándares internacionales establecidos en los Principios de París y con las mejores prácticas globales para la protección de los derechos humanos.
Entre los cambios más relevantes, se incorpora el artículo 50, que reduce a 15 días hábiles el plazo máximo de respuesta que deben cumplir las autoridades ante solicitudes de la Defensoría del Pueblo durante investigaciones posibles vulneraciones de derechos humanos.
Además, solo se permitirá una prórroga, lo que se traduce en una atención más rápida, oportuna y efectiva para las personas que buscan orientación y protección.
Asimismo, frente a las reiteradas quejas ciudadanas la falta de agua, electricidad y transporte público, la ley amplía el mandato de la Defensoría a empresas públicas, mixtas y privadas que prestan servicios de interés público.
Avance en la ley
Este avance permite a la institución intervenir ante deficiencias en servicios esenciales, ampliando su competencia más allá de las concesiones o autorizaciones administrativas vigentes.
Otro aspecto clave es la incorporación de la mediación con carácter vinculante. Con esta medida, los acuerdos alcanzados entre usuarios y empresas serán de cumplimiento obligatorio, lo que contribuirá a resolver conflictos sin recurrir a cierres de calles o protestas.
De igual forma, la normativa refuerza la supervisión en espacios sensibles, al autorizar inspecciones amplias en centros de protección, educativos y de rehabilitación, tanto públicos como privados.
En materia de cumplimiento, la Defensoría del Pueblo podrá acudir al Órgano Judicial cuando sus recomendaciones sean ignoradas. También estará facultada para solicitar la aplicación de regímenes disciplinarios, con el fin de cesar violaciones y restaurar derechos.
Además, la ley impulsa la modernización tecnológica, al permitir la gestión y notificación digital de los trámites. A la vez, fortalece la transparencia institucional, al autorizar la publicación de prácticas violatorias de derechos humanos cometidas particulares.
Con estas reformas, la Defensoría del Pueblo se consolida como una institución más cercana, resolutiva y eficaz, con mayores herramientas para hacer valer los derechos humanos y reforzar su papel como garante de la dignidad y la justicia social en Panamá.
