Denuncian presunta violación de derechos humano de empresario boliviano

Una serie de hechos irregulares en torno a la detención en Panamá del empresario bolivariano
Juan Carlos Serrate Middagh revela la implicación de un conglomerado de dependencias judiciales en el país, las cuales han participado, se presume en la adulteración de documentos, la creación de un caso ficticio basado en una orden emitida supuestamente por la Corte Sur de Nueva York, la cual se ha confirmado como inexistente, y en el congelamiento de cualquier proceso legal que pudiera resultar en la liberación del mencionado ciudadano.
Las autoridades de Panamá han mantenido detenido a Juan Carlos Serrate, violando inclusive el procedimiento legal de extradición, que fue contaminado desde la detención el 7 de noviembre del 2023, donde agentes de migración de Panamá, sin haber tenido sello rojo internacional, ni orden de detención, sin competencia, secuestran al mencionado empresario.
Las diferentes instancias Gubernamentales de Panamá hacen un silencio cómplice de lo ocurrido el 7 de noviembre, hasta declararse sin competencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, baso su Resolución de Extradición del 28 de marzo del 2024, únicamente en base a una supuesta orden de arresto emitida el 22 de septiembre de 2020 por la Corte Sur de Nueva York, Estados Unidos, violando el debido proceso, fundamentación, motivación, certeza jurídica. Las pruebas aportadas por el equipo legal de Panamá, Estados Unidos y Bolivia, demuestran claramente que el caso nunca existió, con Certificados de la CORTE FEDERAL DEL DISTRITO SUR DE NEW YORK, todo apostillado por el Departamento de Estado en Washington, se comprobó con el que el caso N° S17 19 Cr. 91 9 (DLC), reportado por las autoridades
panameñas, no existe. Además, la autoridad norteamericana confirmó que desde 2018 no hay ningún caso penal, criminal o federal, abierto o cerrado, en ese tribunal en contra del citado.
Asimismo, se realizó la misma verificación en el Departamento de Estado de Washington DC y New York, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obteniendo los mismos resultados.
Además, se solicitó certificación sobre las condiciones legales de Juan Carlos Serrate a diferentes entidades:

1. El 27 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una nota formal
   indicando que no tiene registro alguno de trámite de extradición o medida cautelar
   contra Juan Carlos Serrate.
2. El 23 de mayo de 2024, el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en
   Nueva York informó que en su dependencia no existe ninguna orden de arresto contra
   Juan Carlos Serrate.
   El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que llevó el proceso de extradición, irrespeto,
   violó la Ley de extradición de los Estados Unidos, y también de Panamá, haciendo sospechar
   las oscuras intenciones, violación al debido proceso, plazos, igualdad de partes, desconoció
   la doble incriminación que se basa en el procedimiento de ambos países, no tomo en cuenta
   pruebas aportadas, y que el supuesto delito fue en territorio boliviano por intromisión de dos
   agentes de la DEA, que no coordinaron con autoridades nacionales, lo cual contradice la Ley
   913, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de Bolivia, que en su artículo
   6, prohíbe la injerencia extranjera en estos asuntos. Esta normativa fue corroborada por el
   Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia el 8 de febrero de 2024.
   Además, que el hecho que se presume Conspiración nunca existió en dicho país.
3. Por último, Estados Unidos nunca presentó pruebas fehacientes, tal como indica el
   procedimiento de Panamá, supuestamente se basó en una entrega de una Declaración Jurada
   de un Fiscal auxiliar que habla de unas grabaciones de unos 2 agentes DEA que violaron la
   soberanía de Bolivia, porque esta agencia fue expulsada hace 16 años en dicho país, y es ilegal
   armar pruebas para beneficio propio y más con obtención ilegal, violando la Quinta enmienda
   de los Estados Unidos. Con todas estas irregularidades, sin pruebas, sin igualdad de partes,
   violando el debido proceso, notificaciones, y sin autoridad requirente en Los Estados Unidos,
   el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a la cabeza de su ministra, deja su cargo, con matices de incumplimiento de deberes y deberá dar cuentas a los procesos internacionales por infamia, confinamiento y daño civil, conjuntamente con 33 autoridades que participaron en este amargo suceso que llevo a la cárcel con tratos inhumanos.
   Ante la flagrante violación de los derechos humanos de Juan Carlos Serrate en Panamá y la
   lucha desigual frente a un poder con intereses personales en perjudicar a una familia respetada de Bolivia se han visto obligados a interponer una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Panamá y a presentar una denuncia formal en la unidad de detenciones ilegales de la Organización de las Naciones Unidas.
   
4. Apelamos a que las autoridades actuales y entrantes de Panamá tomen acción y velen por el
   Estado de derecho de manera de que el país no sea visto en el futuro como un lugar muy
   peligroso para el transito internacional donde se le puede sembrar pruebas a cualquier civil y
   armarle casos. En este caso puntual, a través de un supuesto grupo criminal tripartito de tres
   países para extorsionar a empresarios, quedando también establecido que el Encargado de
   Negocios de Bolivia Carlos Suarez, no hizo nada para apoyar a su connacional, por el contrario,
   en varias oportunidades realizo tratos crueles a la familia y dejo abandonado al empresario,
   con lo cual, se presume que también es parte de la tramoya internacional.