Defensoría monitorea derechos humanos en Bocas del Toro

La Defensoría del Pueblo continúa su labor activa en la defensa de los derechos humanos durante el Estado de Urgencia en Bocas del Toro.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, junto a su adjunta Clarissa Martínez y un equipo especializado, se trasladó a la provincia de Chiriquí. Allí realizaron una jornada de verificación en el marco de las recientes protestas y disturbios, activadas bajo el artículo 55 de la Constitución Política de Panamá.

Durante la misión, el equipo regional entrevistó a 71 personas privadas de libertad. El objetivo: comprobar que se respeten sus garantías fundamentales.

“Hasta ahora, no hemos identificado personas con problemas graves de salud, ni hospitalizadas, ni fallecidas. Lo más importante es asegurar que tengan acceso a la justicia”, afirmó Leblanc González.

Además, se anunció la inspección de dos mujeres detenidas en el centro de Los Algarrobos y en hospitales cercanos.

Apertura de expedientes

La Defensoría del Pueblo ha abierto 50 expedientes vinculados a las protestas sociales, desde mayo hasta la fecha.

Sobre las quejas la supuesta imposibilidad de denunciar virtualmente, el defensor aclaró que la institución verificó la existencia de conexión a internet gratuito y el funcionamiento de telefonía con señal desde Costa Rica en algunas áreas de Bocas del Toro. En consecuencia, emitieron un comunicado para orientar a la población.

Leblanc también explicó que ha intentado llegar a la zona, pero no ha sido posible bloqueos y amenazas. Aun así, reiteró que seguirán buscando rutas para garantizar presencia institucional.

Por su parte, la defensora adjunta Clarissa Martínez informó que la Oficina Regional en Changuinola continúa monitoreando la situación. El personal ha enfrentado amenazas y, seguridad, se desplazan en bicicleta y de civil, resguardándose hasta que retorne la calma.

El ombudsman hizo un llamado urgente a la paz, la reconciliación y al respeto los derechos humanos. Pidió reabrir las vías y exhortó a los docentes a priorizar el derecho a la educación de los niños.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de estar presente en los momentos más difíciles, garantizando que los derechos de todos los panameños sean respetados, sin excepción.