La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado firme al Contralor General de la República para revisar el Reglamento de Medidas Precautorias y eliminar la figura del secuestro. Según el gremio, esta disposición excede las competencias legales de la institución y pone en riesgo principios fundamentales del Estado de Derecho y del debido proceso.
Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, explicó que la emisión del reglamento era necesaria para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que faculta a la Contraloría a aplicar medidas precautorias en casos de irregularidades. Sin embargo, advirtió que incluir el secuestro sobrepasa ese marco legal, ya que esta figura solo puede establecerse ley y bajo control judicial, no mediante un reglamento administrativo.
“El secuestro es una figura jurídica muy delicada. Solo puede crearse y aplicarse mediante ley, bajo supervisión de un juez competente. Incorporarla vía reglamentaria traslada funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa y abre la puerta a decisiones arbitrarias”, señaló De Sanctis.
La dirigente empresarial recordó que, aunque la Contraloría tiene el deber de proteger los recursos del Estado, no puede asumir facultades coactivas que impliquen afectar patrimonios sin control judicial previo.
Además, subrayó que el Tribunal de Cuentas, como órgano ejecutor de la Contraloría, no tiene potestad para decretar secuestros, sino únicamente para cautelar bienes. “Confundir cautela con secuestro genera un vacío legal y una superposición de funciones que debilita la separación de poderes”, advirtió.
De Sanctis también enfatizó que Panamá necesita una Contraloría fuerte y transparente, pero sin concentrar funciones que corresponden al poder judicial.
“La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, recalcó.
Finalmente, la presidenta de APEDE reiteró la disposición del gremio a participar en diálogos jurídicos y técnicos para fortalecer los mecanismos de control sin debilitar las garantías constitucionales. Destacó que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso son esenciales para el desarrollo nacional.
“Panamá no puede dar señales de inseguridad jurídica. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se erosiona la confianza en el país como destino para invertir y generar empleo”, concluyó.
